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El Gobierno Vasco aplaza las sanciones a las empresas que no usen el euskera

El Ejecutivo asegura que demorará «hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje» la aplicación de las sanciones

El Gobierno Vasco ha anunciado hoy que demorará «hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje» la aplicación de las sanciones establecidas en el decreto aprobado en 2008 que obliga a grandes empresas radicadas en Euskadi a ofrecer servicios en castellano y en euskera.

El decreto 123/2008 sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias fue aprobado el 1 de julio de 2008 por el Gobierno Vasco presidido entonces por Juan José Ibarretxe y entró en vigor el 17 de mismo mes, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco .

Entre otras cuestiones, el decreto establece la obligatoriedad de las grandes empresas de rotular y atender en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, en base a la ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskera y castellano información sobre bienes y servicios.

Lenguas oficiales

La normativa también reconoce el derecho de los consumidores a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos de Euskadi .
El decreto del anterior Gobierno Vasco fijaba un plazo de dos años, desde su aprobación, para que los establecimientos afectados, unos dos mil en Euskadi , se adaptaran a la mayor parte de los requisitos exigidos en la normativa.

Están afectadas empresas que emplean a más de 250 trabajadores con un volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros y establecimientos que disponen de una superficie de venta al público superior a 400 metros cuadrados ubicados en Bilbao, Vitoria y San Sebastián o en municipios con un porcentaje de bilingües superior al 33 por ciento.
También la norma atañe a las empresas con más de 15 trabajadores que presten atención al público.

Aplicación de las sanciones

El Departamento vasco de Cultura ha asegurado, a través de un comunicado, que el Ejecutivo autonómico modificará el citado decreto con el fin de retrasar la aplicación de las sanciones "hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje".
La Consejería de Cultura dirigida por Blanca Urgell ha recordado que ha estado trabajando junto con el Departamento de Sanidad y Consumo para establecer los mecanismos legales apropiados para que el aspecto sancionador del decreto "no tuviese repercusiones sobe las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público a los que se hace referencia en dicha norma".

Cultura ha reiterado que la intención del Gobierno de Patxi López es mantener su apoyo a las medidas que contribuyan a fomentar el uso de euskera en todos los ámbitos de la sociedad pero "siempre desde el punto de vista del acuerdo" y buscando la adhesión de la ciudadanía "desde la persuasión y no desde la imposición".

El 10 de noviembre de 2008 la Cámara vasca rechazó tomar en consideración una proposición no de ley del PP, apoyada por el PSE, en la que se pedía la derogación del apartado del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias que establece el derecho a recibir el euskera y castellano la información sobre bienes y servicios, así como la supresión del citado decreto.

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